Colombia prohíbe todo tipo de castigo corporal a niñez

Colombia ha logrado la prohibición total del castigo corporal a la niñez con la de la ley “Por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones”. (Ley no. 2089 de 14 de mayo de 2021).

El artículo 1 de la Ley 2089 de 14 de mayo de 2021 establece:

“Los padres o quienes ejercen la patria potestad de los menores tienen el derecho a educar, criar y corregir a sus hijos de acuerdo a sus creencias y valores. El único límite es la prohibición del uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes. La prohibición se extiende a cualquier otra persona encargada de su cuidado, en cada uno de los diferentes entornos en los que transcurre la niñez y la adolescencia.”

El artículo 2 define el castigo físico como una "Aquella acción de crianza, orientación o educación en que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar dolor físico ..." El castigo humillante se define como "Aquella acción con la que se hiere la dignidad del niño, niña o adolescente o se menosprecie, denigre, degrade, estigmatice o amenace de manera cruel, siempre que no constituya conducta punible.… ”

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La Ley 2089 de 14 de mayo de 2021 modifica el artículo 262 del Código Civil colombiano 1883 (modificado en 1974), que ratificó el derecho de los padres y demás cuidadores a “corregir” a los niños y “sancionarlos moderadamente”. Por tanto, el artículo 3 prohíbe “el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes ( degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección, sanciór o disciplina”. La nueva ley se aplicará a todos los niños, niñas y adolescentes en Colombia.

La promulgación de la ley es el resultado de varios años de  presión y promoción por parte de activistas nacionales por los derechos del niño, en colaboración  con el Gobierno de Colombia. La reciente campaña de reforma legal fue lanzada en 2018 y encabezada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como otros miembros de la Alianza Nacional contra la Violencia contra los Niños y la coalición de OSC Alianza por la Niñez Colombiana.

En términos de implementación, la nueva ley requiere que el Gobierno de Colombia, a través de sus departamentos pertinentes, implemente una Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención dentro de los seis meses posteriores a la vigencia de la ley (artículo 5). La Estrategia Nacional Pedagógica y Prevención (“Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención del Castigo Físico y los Tratos crueles, humillantes o degradantes”) promoverá la participación de los padres para identificar e ilustrar la educación, orientación y alternativas y prácticas disciplinarias no violentas.

Con esta reforma legal, Colombia se convierte en el estado número 63 a nivel mundial y el undécimo en la región de América Latina y el Caribe en hacer realidad el derecho de los niños a la protección contra todo tipo de castigo corporal.

Colombia es un país pionero de la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia contra los Niños. Esto compromete al Gobierno a un empuje de tres a cinco años hacia el logro de la Meta 16.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Acogemos positivamente este importante avance para los niños y hacemos un llamamiento al gobierno colombiano a que cumpla con sus obligaciones internacionales y regionales en materia de derechos humanos tomando medidas para eliminar todas las formas de violencia contra los niños dondequiera que se encuentren y en cualquier contexto en el que se produzcan.

Con una población infantil de 14 millones, la prohibición en Colombia eleva el número total de niños en todo el mundo protegidos por la ley del castigo corporal a 313 millones, o el 14% de la población infantil mundial. Sin embargo, una gran cantidad de niños en todo el mundo todavía está esperando la realización de su derecho humano básico a la protección contra el castigo violento, y hacemos un llamamiento a todos los gobiernos restantes para que promulguen la prohibición como una cuestión prioritaria.